La afectada denuncia que sí hubo una mala gestión del gobierno anterior y que, por tanto, no es un problema entre particulares.

La compleja historia se inicia hace más de dos décadas cuando el denunciado construye al lado de su vivienda un galpón que, siempre según lo recogido en la documentación, no se ajusta a la legalidad al ubicarse en una parcela que tenía totalmente agotada su edificabilidad. En un primer momento sus vecinos no lo denuncian pero sí lo hacen cuando, tras ser autorizado a edificar sobre dicho galpón ilegal, el vecino les tapia parte de su jardín con un muro de 9 metros de alto y 27 de largo.

A raíz de ahí, explican, se inicia un complicado trámite administrativo que tiene como único fin darle aparencia legal a un galpón ilegalizable. En 1998 la entonces comisión de gobierno autoriza la construcción de la nave para uso agrícola en el número 7 de la rúa San Martiño, y por tanto, en la parcela que acogía la vivienda del denunciado y que, según la denuncia, tenía la edificabilidad agotada: "Para obrar necesitaba más de 800 metros y sólo tenía 614, así que a fin de lograr esos metros realiza una segregación de parcela y comete otra presunta irregularidad".

Indica que para conseguir los metros deficitarios, el propietario anexionó administrativamente a su parcela otra que, sin embargo, estaba físicamente separada de aquella. Entre ambas se interponía incluso un camino público, algo que está totalmente prohibido a la hora de realizar una segregación.
Es decir, el propietario aseguraba que tenía una parcela compuesta por dos anexas con los metros necesarios cuando en realidad eran dos parcelas ubicadas en sitios diferentes. La denunciante pidió al concello copia del expediente de la segregación para demostrar este punto y es entonces cuando, en un escrito, el anterior alcalde, Javier Gago, le explica que el expediente se extravió.

Como ella posee copia de la certificación del registro que indica la ubicación de ambas parcelas, le ofrece el documento al concello para que pueda rehacer el expediente, pero nunca logra respuesta. Mientras, en la parcela a anexionar, es decir, en la separada de la vivienda por un camino, empieza a construirse un segundo galpón. La denunciante lo ve como un intento de aparentar que el permiso era para esta finca y no para la que linda con la suya "pero está claro que no es así pues en la comisión de gobierno-explica mientras muestra la copia- se recoge muy claramente que la obra está ubicada en San Martiño y esta segunda parcela no está ubicada en esta calle".

Segundo intento

El siguiente paso dado por su vecino, aparentemente para suplir la falta de edificabilidad, es dividir la parcela en dos fincas: "Pero en dos fincas totalmente falsas que en el expediente de segregación aparecen con más metros de los que en realidad tienen, con lindes distintos a los suyos y, el colmo de los colmos, ubicadas en la parroquia de Cea. Vamos, yo puedo no saber de urbanismo pero sé perfectamente que la finca que linda con la mía está en Rubiáns", afirma la afectada.

Mientras esto pasaba, el vecino no sólo obró en el galpón sino también en la vivienda original. Su vecina explica que la documentación municipal también recoge que se trata de una vivienda antigua fuera de ordenación y alineación y en la que, por lo tanto, sólo se pueden hacer reformas menores como reparar el tejado o pintar la fachada. De hecho, así se lo indica al propietario el gobierno en una comisión celebrada en 2001. Sin embargo, en 2003, sin que se produzca un cambio en el PXOM, se le autoriza aprovechamiento bajo cubierta, lo que se traduce en más altura.

Una nueva denuncia vecinal origina una inspección de los técnicos municipales pero, para total desesperación de los denunciantes, la inspección se realiza en el número 5 de esa calle y no en el 7 dónde estaba ubicada la obra. El "error" radica en la división en dos de la parcela: "El caos es tal que le dan a la segunda e inexistente parcela el número 5, que ya correspondía a otro vecino, así que cuando denunciamos la obra ilegal dicen que en ese 5 está todo bien...".

La denunciante insiste en que "la documentación demuestra una total implicación de la administración en el proceso y por eso me molesta que el nuevo gobierno lo quiera vender como un problema entre particulares. Que no le importe enfrentar a los vecinos para ocultar la mala gestión de sus predecesores". El asunto está ahora en manos de la brigada especializada de la Guardia Civil.

(Funte: Montse Fajardo, Faro De Vigo)
(Foto: Iñaki Abella)